El fin de la exención a bonos genera incertidumbre en infraestructura

Las concesionarias de carreteras y las empresas de energía monitorean la posible imposición de gravámenes a los bonos incentivados. El Ministerio de Hacienda estudia aplicar el IOF sobre títulos que actualmente están exentos. Esta medida busca aumentar la recaudación federal sin necesidad de pasar por el Congreso Nacional.

El sector de infraestructura teme impactos en sus planes de negocio. Los proyectos de transporte y energía fueron estructurados sobre la base de la exención fiscal. Los ejecutivos argumentan que el cobro elevaría el costo de capital y exigiría reajustes en las tarifas de peaje o en los ingresos por energía.

Datos de Anbima muestran que el sector eléctrico lideró las emisiones en el primer semestre. Se registraron 65 100 millones de reales en nuevos papeles de infraestructura durante el período. Las empresas de logística y saneamiento también dependen de estos recursos para financiar obras de largo plazo.

Los representantes de las compañías buscan diálogo con el gobierno para preservar los contratos en curso. La intención es evitar que el impuesto afecte a proyectos que ya poseen cronogramas definidos. El temor es que la rentabilidad esperada en las subastas se vea comprometida por el cambio repentino en las reglas tributarias.

El escenario de incertidumbre fiscal presiona el costo de financiamiento para las grandes obras en el país. La alteración puede elevar los intereses exigidos por los inversores para mantener el interés en los títulos de deuda privada.